La comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, fue literalmente atacada este domingo 19 de julio por el Ejército mexicano, por la Marina y por la Policía Federal. Después de la detención de Semeí Verdía Zepeda, primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, acusado de violar la Ley de Armas de Fuego y por su “posible” responsabilidad en delitos vinculados a la “destrucción de material electoral”, un bloqueo de comuneros en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima, a la altura de Xayakalan, fue el pretexto para desatar la furia de las fuerzas federales, pero también lo que parece una nueva estrategia global por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para recuperar el control “imaginario” del país después de la fuga inverosímil de El Chapo Guzmán.
A esta ficción política de control y demostración militar de fuerza se ha sumado la ocupación policiaca del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para su desaparición, ejecutada por el gobierno de Gabino Cué y respaldada por el gobierno federal, y el nuevo auto de formal prisión en contra de José Manuel Mireles, que cancela las especulaciones sobre su inminente puesta en libertad y la posibilidad de que esto se hubiera transformado en una reorganización de las autodefensas en la Tierra Caliente michoacana. ¿Estamos ante una ofensiva ideológica del gobierno de Enrique Peña Nieto para limpiar las oposiciones, a los enemigos del paquete de reformas neoliberales, ante la urgencia de que su gobierno desplomado no tenga tiempo de cumplir con los compromisos empresariales de naturaleza trasnacional en los megaproyectos, como los que se tenían contemplados para la Costa michoacana?
En Ostula, la imagen del niño Heriberto (o Edilberto) Reyes con una herida mortal de bala en la cabeza es también la figura espeluznante de la continuidad de un régimen político agotado en su barbarie militarista, pero cuya reiteración va poblando de ejemplos fatales a los que jamás llega la justicia: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato… Ostula. Las versiones castrenses y gubernamentales sostienen que las fuerzas militares “dispararon al aire”, las últimas masacres y la acumulación de sospechas sobre la actuación del Ejército y de la Policía Federal los contradice, así como los primeros testimonios y videos: en Ostula, otra vez el crimen de Estado es la hipótesis que unifica el sentido jurídico y político de los hechos.
Al igual que otras comunidades indígenas, la de Ostula emprendió una lucha de autodefensa para resguardarse de esa doble amenaza: la del crimen organizado y la de la impunidad permisiva o la abierta complicidad de todos los gobiernos. Una lucha que por el tamaño de la amenaza parecía hasta una revolución regional. Al igual que otras comunidades indígenas, la de Ostula está en la mira de los megaproyectos que también animan el despojo territorial a gran escala, que renuevan el problema de la propiedad de la tierra y que obligan a comprender el conflicto desde un punto de partida casi inevitable: la propiedad comunal indígena como defensa del territorio y de la naturaleza versus la concepción empresarial y trasnacional de la propiedad, equivalente siempre a materia prima y como dogma de la modernización económica. La sociedad abierta del capitalismo al estilo del viejo Karl Popper y que se quiere estrictamente individual, empresarial y global, que se articula a la “mano dura” del Estado para terminar de una vez por todas con las concepciones comunitaristas, “tribales” y “mágicas” que predominan en planteamientos filosóficos que van desde Platón hasta Marx.
Por otro lado, los hechos en Ostula también dejan a la vista la silueta disminuida del actual gobierno estatal: la omisión y ausencia del gobernador Salvador Jara ante los hechos y la toma de mando del general Felipe Gurrola en la coyuntura. Para el gobernador electo, Silvano Aureoles, y para su equipo de izquierdas de nuevos comienzos no habrá ambigüedad posible ante los acontecimientos en Ostula: o se vuelven cómplices de los ataques militares contra la comunidad nahua y de la retórica justificatoria del gobierno de Peña Nieto o comienzan un camino distinto en la defensa gubernamental de las comunidades indígenas en Michoacán, una imposible reconstrucción de la relación entre gobierno y comunidades indígenas en un contexto de exterminio selectivo.
Carlos Torres Piña, líder del PRD en Michoacán, ya ha adelantado algo del posible camino de vaguedad que distinguirá al futuro gobierno de Aureoles, en un tono de “neutralidad” aparente que llega tarde al “conocimiento” oficialista de los “temas”: “En la agenda del gobernador electo, Silvano Aureoles, la prioridad es atender a Michoacán, por ello, ha sostenido reuniones de alto nivel con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para conversar sobre la situación política y social del estado, así como cuestiones de seguridad, así como con el general Felipe Gurrola Ramírez, mando especial de seguridad para la entidad, para conocer el tema de Ostula”.
La autonomía indígena, entendida no sólo como gobiernos comunales, sino como estrategia comunitaria de autodefensa o de defensa legítima del territorio y de la seguridad comunitaria ante el crimen organizado, está siendo obligada a una ampliación en su política de sobrevivencia: defenderse también de la agresión militar del Estado, de los gobiernos que quieren romper a como dé lugar a las comunidades para “abrirlas” a la gestión global de los megaproyectos regionales y, de paso, “reabrirlas” también a la nueva fase del crimen organizado en Michoacán.
La entrada Ostula y los “enemigos” de la sociedad abierta aparece primero en La Jornada Jalisco.